domingo, 30 de junio de 2013

El ejemplo de Baltasar Garzón

Todos hemos escuchado alguna vez la frase hecha que dice que tenemos lo que nos merecemos. En España, país a la cola de Europa en casi todo, teníamos hasta hace pocos años, a un juez llamado Baltasar Garzón, que con su trabajo en la Audiencia Nacional durante 22 años, se había ganado el reconocimiento y prestigio tanto de la sociedad española como a nivel internacional.

Sin embargo, el Tribunal Supremo le condena en 2010 a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por ordenar grabar las conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus abogados. De esta forma perdía de forma definitiva su condición de juez. Además de esta causa, le quedan dos más pendientes: una por investigar los crímenes del franquismo y otra por supuestos cobros que recibió en 2005 y 2006 mientras estudiaba en Nueva York.

A lo largo de esos años en la Audiencia Nacional, el juez Garzón llevó causas tan importantes como planes antidroga (casos Nécora y Pitón); investigó el terrorismo de Estado y los GAL; denunció  a Barrionuevo, ex Ministro socialista; ordenó operaciones y registros contra ETA; dio orden internacional de detención contra Augusto Pinochet, ex dictador chileno; solicitó desaforar a Berlusconi siendo éste primer ministro en Italia; se mostró contrario a la guerra de Irak; ordenó la detención de Osama Bin Laden; investigó a Jesús Gil por corrupción; ordenó el ingreso en prisión de dos ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña cuando la presidía Jordi Puyol; intentó hacer un censo de todos los fusilados y desaparecidos en fosas comunes durante el franquismo…

No cabe duda por tanto de que ha sido un juez con valentía e independiente que por su fama y notoriedad tanto nacional como internacional, provocó envidias entre sus propios compañeros, además de deseos de venganza de muchos sectores a los que sus investigaciones habían afectado o salpicado. Ya desde hacía tiempo algunos medios intentaban desacreditarle y no debemos olvidar que son jueces quienes le han condenado (hasta 5 jueces que iban a juzgarle fueron recusados por falta de imparcialidad y prejuicios).

¿Qué país va a renunciar a un juez que posee 80 premios entre nacionales e internacionales, 21 títulos honoris causa y ha sido nominado para el premio Nobel de la Paz? Ya sabemos que en España no hay sitio para gente preparada, ni estudiada, ni para gente trabajadora o jueces que se dedican a hacer justicia de verdad. Pero pasa lo de siempre: lo que no queremos en España se lo rifan en el extranjero. Baltasar Garzón es asesor del Tribunal Internacional de La Haya (Países Bajos); asesor de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos (Argentina); dirige un plan para desarrollar estrategias de investigación narco criminal, programas de apoyo a comunidades indígenas y respalda el proceso de paz de la OEA (Colombia); prepara un dictamen junto a un grupo de expertos sobre la reforma de la justicia (Ecuador); ha formado parte de un equipo de especialistas en crimen organizado, anticorrupción, terrorismo y narcotráfico internacional (México);  además de dirigir un gabinete jurídico que coordina varias defensas en el ámbito internacional como por ejemplo el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks que lleva un año refugiado en la embajada de Ecuador en Londres tras filtrar documentos diplomáticos de Estados Unidos donde este país queda en muy mal lugar en lo relacionado a la guerra que llevan a cabo contra el terrorismo. Assange, al igual que Baltasar Garzón, ha sido nominado al premio Nobel de la Paz (2011).

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el propio Garzón declaraba que la condena que le inhabilita supone eliminar la posibilidad de investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriéndose espacios de impunidad. Pero al margen de las escuchas, parece que el principal pecado de Garzón ha sido intentar investigar los crímenes del franquismo, existiendo una ley de Amnistía del año 1977 que impide el procesamiento legal de estos delitos. El ya ex juez alegaba en su defensa que a pesar de dicha ley, según el Derecho Internacional no puede existir amnistía para los crímenes contra la Humanidad y que las desapariciones no resueltas suponen un delito vigente. Él interpreta los crímenes del franquismo no como delitos políticos sino de guerra, interpretación que otros jueces españoles consideran legítima y que ha recibido apoyos también desde el extranjero. Incluso el New York Times se posicionó a favor de esta visión, tildando el proceso abierto contra Garzón de ofensa contra la justicia y la historia.

De sentido común es pensar que las víctimas del franquismo merecen algo más que la obligación impuesta de olvidar lo que vivieron como si no hubiese ocurrido. ¿Qué menos que localizar los cuerpos de sus padres, hermanos, tíos, abuelos… eliminados por el franquismo de la noche a la mañana? Saber qué fue de ellos, dónde están las fosas comunes y entregarlos a las familias no parece mucho pedir. Al contrario de lo que algunos piensan o temen, no se trata de abrir viejas heridas, porque para las víctimas de estos hechos, esas heridas siempre han permanecido abiertas. Se trata de ayudar a cerrarlas y de sentar las bases de una convivencia futura más sólida y transparente. Ésta debería ser la línea que la justicia debería seguir y que todo juez debería tener en mente: hacer justicia, no venganzas, pero en España a día de hoy, hacemos lo contrario.

1 comentario:

totufa dijo...

He visto publicado en la revista fenómenosocial.es este artículo tuyo. ¡¡Enhorabuena!!